Como Cambiar La Administracion De Un Edificio?

Como Cambiar La Administracion De Un Edificio
Existen dos formas de destituir a la administración de un condominio o edificio. Estos son mediante un acuerdo de Asamblea de Copropietarios o el simple acuerdo del Comité de Administración.

¿Cómo se cambia la administración de un edificio?

Por un lado, la vía más sencilla, implica solicitarle la renuncia al administrador teniendo en cuenta la mayoría de los propietarios suficiente. Él convoca a la asamblea donde el tema a tratar sea su remoción y la manifiesta en el libro de actas, devuelve los libros y se retoma la gestión con el nuevo administrador.

¿Cuántos votos se necesitan para cambiar de administrador?

Pasos para cambiar de Administrador de Fincas – Paso 1: Propuesta y Convocatoria de la Junta El cambio de Administrador de Fincas puede proponerlo cualquier propietario de la Comunidad. Y para presentar la propuesta, debe convocarse una Junta. La junta para cambiar de administrador la convoca, de manera habitual, el presidente de la comunidad, ya que tiene la potestad para convocar la junta sin necesidad de que exista un número mínimo de convocantes.

Pe ro también la pueden convocar el 25% de los vecinos. Si se promueve la junta sin la ayuda del presidente o el administrador, se debe tener en cuenta que todos los propietarios tienen que ser correctamente notificados. Además, n o es necesario que esté presente el Administrador saliente. E l cambio puede producirse en una junta extraordinaria, convocada exclusivamente para este asunto, o en una junta ordinaria cómo un orden más del día.

Supervecina puede acompañarte en todo el proceso de convocatoria y cambio de administración, facilitándoos la gestión. También podéis utilizar nuestro servicio de voto online de forma totalmente gratuita, que está a vuestra disposición en la web. Además, para que el proceso sea más sencillo, aquí os ofrecemos el modelo de convocatoria extraordinaria para cambiar de administrador.

  1. Podéis descargarlo y rellenar los datos de vuestra Comunidad.
  2. Paso 2: Junta y Votación Se necesita una mayoría simple tanto en número de propietarios (la mitad más uno de los propietarios) como en porcentaje de cuota de participación (más del 50% de propiedad del inmueble representada) para que se apruebe el cambio de administración.

De cara a la Junta, es conveniente tener propuestas alternativas de administración para que no se cree un vacío de gestión y haya que convocar una nueva junta. No olvidéis incluir en el orden del día la presentación de estas propuestas supeditadas a la aprobación del cambio de administración.

Una vez tomada la decisión de cambio, al administrador saliente hay que notificarle por escrito. Contará con un plazo de hasta 30 días para la entrega de la documentación esencial y realizar el cambio de Administrador. Para cuando se celebre la junta, aquí os dejamos el modelo de acta de la Junta General Extraordinaria.

Podéis descargarlo y rellenar los datos sobre la junta, ¡así de fácil! Paso 3: Motivos del cese Debéis motivar adecuadamente las razones para el cese de la administración actual, lo que se denomina «causa justa», que no incluye por ejemplo: el hecho de tener una oferta económica más ventajosa, no convocar juntas (eso puede hacerlo siempre el presidente), o la exigencia del cobro a morosos.

La pérdida de confianza puede ser considerada una causa justa. El justificarla con los compromisos adquiridos por el administrador al inicio de su gestión, es lo adecuado. Un documento de utilidad es el código deontológico del administrador de fincas del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, en el que se recogen las obligaciones, buenas prácticas y relaciones con los propietarios que son esperables en el ejercicio de la profesión.

Causa justa es, por ejemplo, la pérdida de confianza derivada de un perjuicio económico causado a la comunidad, o no presentar las cuentas anuales en tiempo y forma. No olvidéis establecer un plazo para la transferencia de la documentación de la comunidad, el administrador «saliente» debe proporcionar el cierre de la contabilidad hasta la fecha del cambio y el administrador «entrante» revisarla.

¿Qué se necesita para cambiar de administrador?

Punto 2: ¿Qué puntos del orden del día son necesarios?​ – Como cualquier otro servicio contratado por la comunidad, el cambio de administrador de fincas requiere que se incluya este punto de forma expresa en el orden del día. También es posible tratar la continuidad del administrador en cada una de las juntas ordinarias, ya que el administrador de fincas es también una parte de la junta de gobierno de la comunidad, y su cargo puede tratarse en el punto del orden del día: Renovación de cargos,

Aunque esto es otra historia. Al grano: Para cambiar de administrador de fincas se necesita únicamente el acuerdo por mayoría simple de la junta de propietarios ; y se puede convocar una junta extraordinaria para tratar esta cuestión en cualquier momento. Hilando muy fino, la forma correcta de proceder es realizar dos votaciones: Una para el cese del anterior administrador y otra para la contratación de uno nuevo.

De esta manera se puede diferenciar por un lado la votación del cese y por otro lado la votación de una nueva contratación. Aunque consideramos que puede aunarse todo en un único punto del orden del día, que sería: Toma de decisiones acerca del posible cambio de administrador de fincas.

  1. Toma de decisiones acerca del cambio de administrador de fincas.
  2. Ruegos y preguntas.

¿Cómo cambiar el administrador de la comunidad?

Para poder cambiar de administrador es necesario contar con el apoyo del 25% de los coeficientes de participación de la comunidad, que suele coincidir, normalmente, con el 25% de los propietarios. En el caso de no llegar a ese porcentaje, deberá permanecer en el cargo el mismo administrador.

¿Qué hacer si el administrador del edificio no cumple sus funciones?

¿A quién debo acudir si tengo dificultades con el Administrador? – Se debe acudir al Consejo de Administración del conjunto residencial. Este organismo es el encargado de velar por el correcto desempeño del administrador en el cumplimiento de todas sus funciones.0

¿Cómo se puede echar a un presidente de una comunidad de vecinos?

Proceso para destituir al presidente de la comunidad – Según lo establece la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), para destituir del cargo al presidente de una finca lo primero que hay que hacer es convocar una junta de vecinos, Lo normal es que sea el presidente quien convoca las juntas, aunque este caso es más delicado.

A la junta deberán acudir al menos el 25% de los propietarios, En caso de que esto no sea así, los propietarios presentes en la reunión deberán sumar entre todos ellos un mínimo del 25% de las cuotas de participación.

Para convocar la junta, los promotores de la misma han de notificar a todos los propietarios con 72 horas de antelación indicando la siguiente información:

Día y hora de la primera y segunda convocatoria, La segunda convocatoria puede celebrarse entre 30 minutos y hasta 7 días después de la primera. Solo será necesaria una segunda convocatoria si a la primera acude un número de propietarios que representa menos del 50% de las cuotas de participación. Motivo de la junta extraordinaria, Como es lógico, habrá que avisar que el asunto a tratar será la destitución y elección de un nuevo presidente, Relación de vecinos al corriente de pago,

Una vez se celebre la junta, se procederá a la votación para rescindir las funciones del actual presidente.

¿Qué duración tiene el cargo de un administrador?

En cuanto a la duracin en el cargo por parte de los administradores, el artculo 221 de la Ley de Sociedades de Capital seala que: – Los administradores de la sociedad de responsabilidad limitada ejercern su cargo por tiempo indefinido, salvo que los estatutos establezcan un plazo determinado, en cuyo caso podrn ser reelegidos una o ms veces por perodos de igual duracin.

  1. Los administradores de la sociedad annima ejercern el cargo durante el plazo que sealen los estatutos sociales, que no podr exceder de seis aos y deber ser igual para todos ellos.
  2. Los administradores podrn ser reelegidos para el cargo, una o varias veces, por perodos de igual duracin mxima.
  3. Adems, el nombramiento de los administradores caducar cuando, vencido el plazo, se haya celebrado junta general o haya transcurrido el plazo para la celebracin de la junta que ha de resolver sobre la aprobacin de las cuentas del ejercicio anterior.

En las agrupaciones de inters econmico, el tiempo de permanencia en el cargo de Administrador es, en principio, ILIMITADO, pues nada regula al respecto. Si bien, siempre ha de estarse a lo establecido en los Estatutos de la Agrupacin, porque ser ah donde habremos de ver reflejado el perodo de vigencia del cargo en cuestin.

¿Quién elige a los administradores?

¿Qué dice la Ley sobre cómo se nombra el administrador de una sociedad mercantil? – Esto es lo que dice el artículo 215 de la Ley de Sociedades de Capital. El nombramiento de los administradores corresponde a la Junta General, que pueden también, por medio de acuerdo mayoritario establecer su número en caso de que los estatutos establezcan solamente el máximo y el mínimo, y fijar las garantías que deben de prestar.

¿Quién toma las decisiones en una comunidad de vecinos?

| ADICAE En la Junta de propietarios se toman las decisiones que afectan a toda la comunidad de propietarios, por eso es importante conocer cómo funciona y cuáles son los órganos de gobierno que hay en una comunidad. Los órganos de gobierno de la comunidad de propietarios son los siguientes: a.

La Junta de propietarios.b. El presidente y, en su caso, los vicepresidentes.c. El secretario.d. El administrador. La obligación de ser presidente El presidente y el vicepresidente serán nombrados, entre los propietarios, mediante elección o, subsidiariamente, mediante turno rotatorio o sorteo. El nombramiento será obligatorio, si bien el propietario designado como presidente podrá solicitar su relevo dentro del mes siguiente a su acceso al cargo, invocando las razones que le asistan para ello.

Podrá acudirse al juez cuando, por cualquier causa, fuese imposible para la Junta designar presidente de la comunidad. Las funciones del secretario y del administrador serán ejercidas por el presidente de la comunidad, salvo que los estatutos o la Junta de propietarios por acuerdo mayoritario, dispongan la previsión de dichos cargos separadamente de la presidencia, pudiendo acumularse en una misma persona o bien nombrarse independientemente.

  1. El cargo de administrador y el de secretario podrá ser ejercido por cualquier propietario, así como por personas físicas con cualificación profesional suficiente y legalmente reconocida para ejercer dichas funciones.
  2. Actualmente es habitual que el nombramiento recaiga sobre administradores de fincas colegiados y gestoras especializadas.

Salvo que los estatutos de la comunidad dispongan lo contrario, el nombramiento de los órganos de gobierno se hará por el plazo de un año. Los designados podrán ser removidos de su cargo antes de la expiración del mandato por acuerdo de la Junta de propietarios, convocada en sesión extraordinaria.

  • La Junta de Propietarios aprueba las cuentas y las obras
  • La Junta de propietarios se reunirá por lo menos una vez al año para aprobar los presupuestos y cuentas y en las demás ocasiones que lo considere conveniente el presidente o lo pidan la cuarta parte de los propietarios, o un número de éstos que representen al menos el 25 por 100 de las cuotas de participación.
  • Corresponde a la Junta de propietarios:

a. Nombrar y remover a las personas que ejerzan los cargos mencionados.b. Aprobar el plan de gastos e ingresos previsibles y las cuentas correspondientes.c. Aprobar los presupuestos y la ejecución de todas las obras de reparación de la finca sean ordinarias o extraordinarias.d.

Aprobar o reformar los estatutos y determinar las normas de régimen Interior.e. Conocer y decidir en los demás asuntos de interés general para la comunidad. La asistencia a la Junta de propietarios será personal o por representación legal o voluntaria, bastando para acreditar ésta un escrito firmado por el propietario.

Si algún piso o local perteneciese a diferentes propietarios, éstos nombrarán un representantes para asistir y votar en las juntas. Si la vivienda o local se hallare en usufructo, la asistencia y el voto del propietario queda delegada en el usufructurario.

  1. Los propietarios que en el momento de iniciarse la junta no se encontrasen al corriente en el pago de todas las deudas vencidas con la comunidad, podrán participar en sus deliberaciones si bien no tendrán derecho de voto.
  2. La convocatoria de las Juntas la hará el presidente y, en su defecto, los promotores de la reunión, con indicación de los asuntos a tratar, el lugar, día y hora en que se celebrará en primera o, en su caso, en segunda convocatoria.
  3. Cualquier propietario podrá pedir que la Junta de propietarios estudie y se pronuncie sobre cualquier tema de interés para la comunidad; a tal efecto dirigirá escrito, en el que especifique claramente los asuntos que pide sean tratados, al presidente, el cual los incluirá en el orden del día de la siguiente Junta que se celebre.
  4. Si a la reunión de la Junta no concurriesen, en primera convocatoria, la mayoría de los propietarios que representen, a su vez, la mayoría de las cuotas, se procederá a una segunda convocatoria de la misma, transcurrida media hora desde la anterior, esta vez sin sujeción a quórum.
  5. Mayorías necesarias para la adopción de acuerdos en la Junta de Propietarios:
  6. En cuanto a la toma de decisiones, hay que decir que los acuerdos de la Junta de propietarios se sujetarán a una serie de normas, donde se establecen los siguientes regímenes:
  7. – de unanimidad : en la aprobación o modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad horizontal o en los estatutos de la comunidad,
  8. – mayoría cualificada de tres quintos : para el establecimiento o supresión de los servicios de ascensor, portería, conserjería, vigilancia u otros servicios comunes de interés general,
  9. – mayoría no cualificada de un tercio : para la instalación de las infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de telecomunicación o suministros energéticos colectivos de aprovechamiento privativo y,
  10. – mayoría simple : el resto.
  11. El valor de los votos de cada propietario se encontrará condicionado por la cuota.
  12. Los acuerdos de la Junta se pueden impugnar
  13. Los acuerdos de la Junta de Propietarios serán impugnables ante los tribunales en los supuestos de ser contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad de propietarios, cuando resulten gravemente perjudiciales para los intereses de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios y/o cuando supongan un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo o se hayan adoptado con abuso de derecho.
  14. Estarán legitimados para la impugnación de estos acuerdos los propietarios que hubiesen votado en contra en la Junta, los ausentes por cualquier causa y los que indebidamente hubiesen sido privados de su derecho de voto.
  15. La posible impugnación tiene como límite los tres meses posteriores a adoptarse el acuerdo por la Junta de propietarios, salvo que se trate de actos contrarios a la ley o a los estatutos, en cuyo caso el plazo para actuar es de un año.
  16. La Comunidad de Propietario como Consumidor
  17. Una comunidad de vecinos, cuando actúa como consumidor, puede acudir al asesoramiento y protección de las Asociaciones de Consumidores en relación con los conflictos y reclamaciones que pudieran surgir con las empresas con las que contrata.
See also:  Edificio Donde Se Filma Suits?

: | ADICAE

¿Cuántos vecinos hacen falta para convocar una reunión?

1. La Junta de propietarios se reunirá, por lo menos, una vez al año para aprobar los presupuestos y cuentas y en las demás ocasiones que lo considere conveniente el Presidente o lo pidan la cuarta parte de los propietarios, o un número de éstos que representen, al menos, el 25 por 100 de las cuotas de participación.2.

La convocatoria de las juntas la hará el Presidente y, en su defecto, los promotores de la reunión, con indicación de los asuntos a tratar, el lugar, día y hora en que se celebrará en primera o, en su caso, en segunda convocatoria, practicándose las citaciones en la forma establecida en el artículo 9,

La convocatoria contendrá una relación de los propietarios que no estén al corriente en el pago de las deudas vencidas a la comunidad y advertirá de la privación del derecho de voto si se dan los supuestos previstos en el artículo 15.2, Cualquier propietario podrá pedir que la Junta de propietarios estudie y se pronuncie sobre cualquier tema de interés para la comunidad; a tal efecto dirigirá escrito, en el que especifique claramente los asuntos que pide sean tratados, al Presidente, el cual los incluirá en el orden del día de la siguiente Junta que se celebre.

Si a la reunión de la Junta no concurriesen, en primera convocatoria, la mayoría de los propietarios que representen, a su vez, la mayoría de las cuotas de participación, se procederá a una segunda convocatoria de la misma, esta vez sin sujeción a quórum. La Junta se reunirá en segunda convocatoria en el lugar, día y hora indicados en la primera citación, pudiendo celebrarse el mismo día si hubiese transcurrido media hora desde la anterior.

En su defecto será nuevamente convocada, conforme a los requisitos establecidos en este artículo, dentro de los ocho días naturales siguientes a la Junta no celebrada, cursándose en este caso las citaciones con una antelación mínima de tres días.3. La citación para la Junta ordinaria anual se hará, cuando menos, con seis días de antelación, y para las extraordinarias, con la que sea posible para que pueda llegar a conocimiento de todos los interesados.

¿Quién puede convocar una junta extraordinaria en una comunidad de vecinos?

La junta ordinaria de vecinos se celebra de manera anual, pero en ocasiones es necesario tratar temas de importancia y de manera urgente, lo que exige una junta extraordinaria. En estos casos, hay que tener en cuenta que existen determinados requisitos para la convocatoria de una junta extraordinaria de la comunidad de propietarios con el fin de que tenga validez legal.

Si es solicitada por al menos el 25% de los propietarios.Si es requerida por un número de propietarios que representen al menos el 25% de las cuotas de participación.

Como Cambiar La Administracion De Un Edificio junta extraordinaria vecino Una vez apuntado qué hay que hacer para convocar una junta extraordinaria de vecinos sin presidente, en las comunidades pequeñas también existe la duda de si se puede convocar una junta extraordinaria de vecinos sin administrador,

  1. En estos casos, la ley establece de manera explícita que la presencia del administrador de fincas no es obligatoria para que los acuerdos tengan validez legal.
  2. En cuanto a los requisitos de la convocatoria de la junta extraordinaria de la comunidad de propietarios, el primer paso es que los vecinos soliciten al presidente su celebración,

Puede hacerlo un solo propietario, representando al resto, o bien varios o la totalidad de los vecinos convocantes. La solicitud al presidente puede ser oral, pero se recomienda que se haga por escrito, a través de correo certificado o burofax, informando de los siguientes aspectos:

Orden del día que indique los puntos a abordar en la reunión. También se podrán añadir temas que otros vecinos hayan solicitado por escrito. Fecha y hora de la realización de la junta extraordinaria. Listado los propietarios que no están al corriente de pagos y, por tanto, privados de su derecho de voto. El motivo de la urgencia de la convocatoria también puede ser añadido.

Si el presidente hace caso omiso de la petición, los vecinos están legitimados para convocar la junta extraordinaria. Pueden solicitar ayuda al secretario o al administrador de la finca, si lo hubiera, para las citaciones a los vecinos. Este paso es importante porque si alguno de los vecinos no tiene constancia de la convocatoria, aunque los acuerdos sean válidos, tiene el derecho a impugnarlos judicialmente en el plazo de un año.

Por escrito de manera individual a cada vecino, a través del correo ordinario o el e-mail. A través de una publicación en el tablón de anuncios o en cualquier punto visible del inmueble si no ha sido posible la notificación de manera individualizada.

Por otro lado, las juntas extraordinarias pueden convocarse tantas veces como sea necesario, pero lo más recomendable es que solo se celebren para tratar temas urgentes que afecten de manera significativa a la comunidad. Así, ante la posibilidad de que surja cualquier imprevisto, resulta conveniente que, además de un seguro de hogar, que es el que cada vecino tiene en relación a su vivienda, exista un seguro para comunidades de vecinos,

Estos seguros pueden cubrir las zonas comunes, o zonas comunes y privadas, y presentan un amplio abanico de coberturas opcionales para adaptar el seguro a las necesidades del bloque, El seguro para comunidades de vecinos conlleva la despreocupación como propietario de posibles gastos por culpa de imprevistos,

En cualquier caso, si existe un asunto importante a tratar, los vecinos tienen en su mano la posibilidad de realizar una junta extraordinaria. Los acuerdos alcanzados serán legales siempre que se cumplan los requisitos para la convocatoria de la junta extraordinaria de la comunidad de propietarios que establece la normativa.

¿Cómo se impugna el acta de la junta de propietarios?

¿Cómo impugnar un acta de la comunidad de propietarios? – El art.18.1 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que la impugnación del acuerdo debe comunicarse por escrito ante los Tribunales. Con lo cual, enviar un comunicado al Presidente o administrador de fincas no tiene ninguna validez legal.

¿Qué pasa cuando el presidente se niega a firmar una acta de la comunidad de propietarios?

Si el presidente se negase a firmar dicho acta, la doctrina nos dice que puede ser el secretario-administrador el que la firme por él, enviando a los propietarios una diligencia final dónde se indica que el presidente se ha negado a firmar el acta.

¿Quién puede despedir a un administrador de edificio?

Resumen Hay administradores que, en ocasiones, simplemente ‘se mandan solos’, sirviendo con absoluta desidia, con una actitud baldragas y, lo peor, sin cumplir una de sus principales funciones: rendir cuenta. Definir a quién corresponde disponer la remoción del Administrador y sus formalidades resulta crucial, por lo que cabe preguntamos: ¿esa facultad corresponde al Presidente del Comité de Administración, al Comité de Administración, o quizás, a la Asamblea de Copropietarios? Cuando se dictó la actual Ley N°19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, publicada en el Diario Oficial del día 16 de diciembre de 1997, tuvo (entre otros fundamentos) flexibilizar la administración de los condominios, hacerla más viable ” y, en general, robustecer también el principio de que son los propios propietarios (de los condominios) quienes mediante la expresión de su voluntad (deben ser quienes) decidan sobre la vida del condominio “,

En efecto, los copropietarios, organizados bajo el sistema de copropiedad inmobiliaria, constituyen un ‘ grupo intermedio ‘ merecedor del reconocimiento y de la protección del Estado y la expresión de su voluntad está en el Reglamento Interno de Copropiedad, el que tiene naturaleza contractual y, por ende, es una ley para los copropietarios (Art.1545 Código Civil).

Es más, hay quienes postulan que serían sujetos de derechos, No es llegar y remover al Administrador, La forma de remoción está referida en la Ley N°19.537 y su Reglamento; y debe estar muy bien precisada, además, en el Reglamento Interno de Copropiedad, normativa que debe tenerse siempre a la vista.

Como primera cuestión, la naturaleza del vínculo entre Administrador y Condominio no debe ser etéreo, sino precisado con toda exactitud para que la decisión de removerlo no resulte inocua. Pero ello no siempre resulta prístino y el vínculo podría seguir vigente. En ocasiones, el Presidente del Comité de Administración despacha una carta de despido y, desde entonces, se niega el acceso al condominio al Administrador, citándosele para pagarle los días trabajados del mes en curso, creyendo, de forma nefelibata, que con ello el vínculo ha cesado.

Pero ¿había facultad para obrar en tal forma? La manera errónea de desvincular al Administrador podría dar lugar a una situación bochornosa, En efecto, el condominio podría ser objeto de una acción judicial de cobro de honorarios, de indemnización de perjuicios o de nulidad del despido.

El Administrador podrá alegar, por ejemplo, que su remoción no ha tenido lugar, o bien, que sólo debe ser acordada por la Asamblea de Copropietarios (y así parece decirlo el art.22 inciso final de la Ley N°19.537). Si a ello sumamos que estos contratos suelen tener cláusula de prórroga automática, podríamos mantener a un ‘indeseado Administrador’ por un tiempo desmedido, con perniciosas consecuencias, no pocas veces distrayéndose la recaudación de gastos comunes.

Situación flébil, generalmente no pesquisable a tiempo debido a que el Comité de Administración, a menudo, no se hace asesorar adecuadamente, reaccionando a su letargo -como quien estuvo en una jumera- solo cuando es emplazado en la notificación judicial.

See also:  Como Hacer Un Edificio De Carton Paso A Paso?

Resulta crucial establecer, con toda certeza, un vínculo jurídico consistente en una ‘prestación de servicios’, descartando a todo trance la aplicación de la legislación laboral, sin que existan ambigüedades al respecto, previendo un conflicto, probablemente relacionado con un despido injustificado, a fin de determinar si las funciones desempeñadas por el Administrador se conforman con aquellas dotadas de subordinación y dependencia al tenor del artículo 7 y siguientes del Código del Trabajo, considerando funciones, horario de trabajo, estipendio pagado, beneficios entregados, órdenes y directrices, etcétera.

Lo dicho no resulta anodino pues dentro del entramado de normas la Ley N°19.537 regula (entre otras) las relaciones entre los copropietarios y el Administrador y, si bien, alude a las controversias que pudieran suscitarse en relación al cumplimiento de las obligaciones dispuestas en la ley, lo cierto es que ello no dice relación con la naturaleza o condición de la prestación de servicios por parte del Administrador, pues como indica el art.2 N°8, el Administrador es ” La persona natural o jurídica designada por los copropietarios para cumplir las labores de administración del condominio “, no constituyendo esta disposición, por sí sola, una calificación a priori del vínculo existente entre el condominio y el Administrador.

Asimismo, el art.22 de la misma ley preceptúa que ” Todo condominio será administrado, con las facultades que disponga el reglamento de copropiedad por la persona natural o jurídica designada por la asamblea de copropietarios, El nombramiento del administrador, en su caso, deberá constar en la respectiva acta de la asamblea en que se adoptó el acuerdo pertinente, reducida a escritura pública,

El administrador, si lo hubiere, no podrá integrar el Comité de Administración y se mantendrá en sus funciones mientras cuente con la confianza de la asamblea, pudiendo ser removido en cualquier momento por acuerdo de la misma,” Se advierte, por lo tanto, lo especial del vínculo, ya que el servicio puede ser prestado por una ‘persona jurídica’, respecto de la cual no es posible entender una vinculación laboral en los términos del artículo 7 del Código del Trabajo.

Se aprecia, además, de las normas citadas, que la ley regula las formalidades pertinentes para el nombramiento y para la ‘remoción del administrador’, donde es posible advertir circunstancias excepcionales que no se condicen con una relación laboral estándar, en cuanto a su constitución y cesación en el cargo.

De modo que las facultades o funciones del Administrador que, según el Reglamento de la Ley de Copropiedad (arts.26 y 27) son, por ejemplo, cuidar los bienes de dominio común; velar por el cumplimiento de medidas de seguridad; cobrar y recaudar los gastos comunes, rendir cuenta, etcétera, desdibujan de manera importante el deber de subordinación típico de una relación laboral.

  1. El contrato de prestación de servicios.
  2. Generalmente este instrumento es confeccionado por el propio Administrador que lo presenta al Comité de Administración, lo que es aconsejable que así sea, pues ello es una prueba contundente para descartar que se trata de un Contrato de Trabajo, porque en ese instrumento el mismo Administrador trata al condominio como ‘el cliente’ y se suele incluir cláusula que regula una garantía, correspondiente a la Póliza de seguro de responsabilidad civil, suscrita por el propio Administrador.

A ello se pueden sumar las correspondientes boletas de honorarios extendidas por él. Todo ello demostrará que la modalidad de contratación de prestación de servicios fue consentida y propuesta por el propio Administrador, descartando de las funciones todo indicio o huella laboral como de aquellas que contempla el artículo 7 del Código del Trabajo, puesto que su cometido adoptará las características propias de un mandatario.

  • El Comité de Administración sí puede desvincular al Administrador,
  • Ello es posible a condición de que la Asamblea de Copropietarios le hubiere delegado dicha facultad, constando tal prerrogativa en el Reglamento Interno de Copropiedad.
  • Lo referido no resulta estólido y así lo ha señalado nuestro máximo Tribunal.

En recurso de casación se postuló que no procedía la remoción del Administrador, sino que debía (según el recurrente) ser acordada por la Asamblea de Copropietarios y no por el Comité de Administración, conforme lo dispuesto en el art.22 de la Ley 19.537.

Al respecto refirió la Corte Suprema: ” esta Corte no visualiza yerro jurídico alguno, por cuanto, en primer lugar, el artículo 118 del Reglamento Interno del Condominio Punta Diamante dispone, en lo pertinente, que: “() el Administrador se mantendrá en sus funciones mientras cuente con la confianza de la Asamblea de Copropietarios y del Comité de Administración, pudiendo ser removido en cualquier momento por acuerdo de cualquiera de ambas”, siendo esta última hipótesis la que aconteció en la especie “,

Como es fácil advertir la ley no prohíbe que la Asamblea de Copropietarios pueda delegar parte de sus atribuciones en el Comité de Administración, pudiendo hacerlo mediante la aprobación de un Reglamento Interno dictado con ese fin. Sólo de este modo, habrá plena seguridad de que el Comité de Administración tiene la facultad de disponer la remoción del Administrador, sin consulta previa a la Asamblea, reunión de complejas formalidades, que muy rara vez se cumplen; por ejemplo, en lo que concierne a la citación a Asamblea, con el envío de carta certificada al domicilio registrado de cada uno de los copropietarios, el que pudiera corresponder a un lugar distinto al de la ubicación del condominio, formalidad que para nada resulta superflua, generando un caldo de cultivo para alegar la nulidad o la inoponibilidad de la Asambleas.

  1. Modificación del Reglamento Interno de Copropiedad.
  2. Este texto ha de ser el primer instrumento que debe examinar el juez llamado a resolver un litigio, pues en él se fija el marco de derechos y de obligaciones que los copropietarios deben observar.
  3. Es tal la fuerza que tiene el reglamento de copropiedad que, como observa Orrego Acuña, el Juez de Policía Local, inclusive, puede declarar la nulidad del acuerdo adoptado por la asamblea de copropietarios, si lo hubiere infringido,

La naturaleza contractual del reglamento de copropiedad ha sido reconocida por la doctrina, así Figueroa Valdés y, también, su carácter de gravamen, así Sepúlveda Larroucau, cuyo texto reducido a escritura pública, se inscribe en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces para dar cognoscibilidad al público de que el derecho de dominio está limitado.

  1. Si esta ‘ley interna del condominio’ no se encuentra adaptada a las necesidades de la Asamblea se aconseja proceder a su modificación, lo que sólo puede efectuarse en Asamblea extraordinaria, según lo dispone el art.17 inc.5° n° 1 de la Ley n° 19.537.
  2. En esta modificación, sugiero considerar, explícitamente, que la Asamblea de Copropietarios faculta al Comité de Administración para remover al Administrador, sin necesidad de consulta previa a la Asamblea.

Ello se justifica plenamente para una administración eficiente de los condominios, lo que es esencial, porque, como observa Sepúlveda Larroucau, ” ello trae aparejados enormes beneficios para toda la sociedad no solo incide en la calidad de vida de quienes los ocupan y evita la pérdida de valor de las inversiones inmobiliarias, sino que la adecuada conservación de los mismos incide en la calidad y habitabilidad de los barrios y, en definitiva, de las ciudades “,

Finalmente, las decisiones, especialmente los instrumentos en que ellas constan (cartas, contratos, actas, poderes, certificados, etcétera), deben ser redactados o revisados por un Abogado, de preferencia especialista en Derecho Inmobiliario, quién podrá cotejar, revisar o revestirlos de la debida juridicidad, en conformidad a la normativa que la gobierna.

Ello también redunda en que decisiones tan importantes, como la de remover al Administrador, puedan ser adoptadas en cualquier tiempo (sin perjuicio de la vigencia del contrato) y de forma expedita, pues las formalidades de las Asambleas son bastante complejas, especialmente las de naturaleza extraordinaria, que suelen requerir hasta varias semanas de preparación.

Santiago, 23 marzo 2021) Sepúlveda Larroucau, Marco Antonio. El reglamento de copropiedad de la ley N° 19.537, Revista de Derecho Inmobiliario, Año 3/Nº 1/2019, Editorial Metropolitana, pp.9-31, citando a Figueroa Velasco, Patricio. Seminario sobre copropiedad inmobiliaria, p.6. Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de enero de 2015, rol Nº 2.688-14.

Conclusión que emana del Art.1° inc.3°: “El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad”. La Ley N° 19.537 no define ‘reglamento de copropiedad’, pero el art.28° señala sus fines. Expresa que los copropietarios deberán ‘acordar’ un reglamento de copropiedad.

  • Es una orden de la ley, pero acto seguido alude al consentimiento de los copropietarios.
  • Por ende, es un contrato, cuya celebración ordena la ley.
  • Sepúlveda Larroucau, Marco Antonio.
  • El reglamento de copropiedad de la ley N° 19.537, Revista de Derecho Inmobiliario, Editorial Metropolitana, pp.9-31, Año 3/Nº 1/2019, p.12.

Con todo, discrepo de la aseveración de este prestigioso jurista, pues, considerar ‘sujeto de derecho’ al condominio es confundir el ‘objeto del derecho’ con el ‘sujeto del derecho’, dándose el contrasentido de que una cosa (más bien el derecho de propiedad sobre ella) es un sujeto de derecho cuyos titulares, a su vez, son sujetos de derechos.

  • Corte Suprema, rol Nº 2966-2016, sobre juicio ordinario de cobro de pesos, “A.G., R.B.
  • Con Comunidad Punta de Diamante”, de 11 de Febrero de 2016.
  • Orrego Acuña, Juan Andrés.
  • Ley N° 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria, p.4.
  • Figueroa Valdés, José Manuel.
  • La Copropiedad Inmobiliaria.
  • Nuevo régimen legal, p.279.

El autor define reglamento de copropiedad como “la convención que se dan los copropietarios de los inmuebles sometidos al régimen de copropiedad inmobiliaria, con el objeto de regular el régimen administrativo interno del condominio, y sus relaciones en lo concerniente al disfrute y administración de los bienes de dominio común, y, en especial, precisar sus derechos y obligaciones recíprocas e imponerse las limitaciones que estimen convenientes, y, en general, convenir las reglas que provean al buen régimen interno de los inmuebles”.

¿Qué hay que hacer para que un rol administrador deje de serlo?

Experiencia de navegador para celulares clásica En la parte superior del grupo, toca Más y selecciona Ver información del grupo. Toca Miembros. Toca junto al nombre del miembro del que quieres eliminar el rol y, luego, toca Eliminar como administrador o Eliminar como moderador.

¿Quién cambia el administrador en propiedad horizontal?

La asamblea general de propietarios es el órgano de dirección de la persona jurídica que surge por mandato de esta ley, y tendrá como funciones básicas las siguientes: 1. Nombrar y remover libremente al administrador y a su suplente cuando fuere el caso, para períodos determinados, y fijarle su remuneración’.

¿Quién puede despedir a un administrador de edificio?

Resumen Hay administradores que, en ocasiones, simplemente ‘se mandan solos’, sirviendo con absoluta desidia, con una actitud baldragas y, lo peor, sin cumplir una de sus principales funciones: rendir cuenta. Definir a quién corresponde disponer la remoción del Administrador y sus formalidades resulta crucial, por lo que cabe preguntamos: ¿esa facultad corresponde al Presidente del Comité de Administración, al Comité de Administración, o quizás, a la Asamblea de Copropietarios? Cuando se dictó la actual Ley N°19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, publicada en el Diario Oficial del día 16 de diciembre de 1997, tuvo (entre otros fundamentos) flexibilizar la administración de los condominios, hacerla más viable ” y, en general, robustecer también el principio de que son los propios propietarios (de los condominios) quienes mediante la expresión de su voluntad (deben ser quienes) decidan sobre la vida del condominio “,

En efecto, los copropietarios, organizados bajo el sistema de copropiedad inmobiliaria, constituyen un ‘ grupo intermedio ‘ merecedor del reconocimiento y de la protección del Estado y la expresión de su voluntad está en el Reglamento Interno de Copropiedad, el que tiene naturaleza contractual y, por ende, es una ley para los copropietarios (Art.1545 Código Civil).

See also:  Cual Es El Edificio Mas Importante De Londres?

Es más, hay quienes postulan que serían sujetos de derechos, No es llegar y remover al Administrador, La forma de remoción está referida en la Ley N°19.537 y su Reglamento; y debe estar muy bien precisada, además, en el Reglamento Interno de Copropiedad, normativa que debe tenerse siempre a la vista.

Como primera cuestión, la naturaleza del vínculo entre Administrador y Condominio no debe ser etéreo, sino precisado con toda exactitud para que la decisión de removerlo no resulte inocua. Pero ello no siempre resulta prístino y el vínculo podría seguir vigente. En ocasiones, el Presidente del Comité de Administración despacha una carta de despido y, desde entonces, se niega el acceso al condominio al Administrador, citándosele para pagarle los días trabajados del mes en curso, creyendo, de forma nefelibata, que con ello el vínculo ha cesado.

Pero ¿había facultad para obrar en tal forma? La manera errónea de desvincular al Administrador podría dar lugar a una situación bochornosa, En efecto, el condominio podría ser objeto de una acción judicial de cobro de honorarios, de indemnización de perjuicios o de nulidad del despido.

  1. El Administrador podrá alegar, por ejemplo, que su remoción no ha tenido lugar, o bien, que sólo debe ser acordada por la Asamblea de Copropietarios (y así parece decirlo el art.22 inciso final de la Ley N°19.537).
  2. Si a ello sumamos que estos contratos suelen tener cláusula de prórroga automática, podríamos mantener a un ‘indeseado Administrador’ por un tiempo desmedido, con perniciosas consecuencias, no pocas veces distrayéndose la recaudación de gastos comunes.

Situación flébil, generalmente no pesquisable a tiempo debido a que el Comité de Administración, a menudo, no se hace asesorar adecuadamente, reaccionando a su letargo -como quien estuvo en una jumera- solo cuando es emplazado en la notificación judicial.

Resulta crucial establecer, con toda certeza, un vínculo jurídico consistente en una ‘prestación de servicios’, descartando a todo trance la aplicación de la legislación laboral, sin que existan ambigüedades al respecto, previendo un conflicto, probablemente relacionado con un despido injustificado, a fin de determinar si las funciones desempeñadas por el Administrador se conforman con aquellas dotadas de subordinación y dependencia al tenor del artículo 7 y siguientes del Código del Trabajo, considerando funciones, horario de trabajo, estipendio pagado, beneficios entregados, órdenes y directrices, etcétera.

Lo dicho no resulta anodino pues dentro del entramado de normas la Ley N°19.537 regula (entre otras) las relaciones entre los copropietarios y el Administrador y, si bien, alude a las controversias que pudieran suscitarse en relación al cumplimiento de las obligaciones dispuestas en la ley, lo cierto es que ello no dice relación con la naturaleza o condición de la prestación de servicios por parte del Administrador, pues como indica el art.2 N°8, el Administrador es ” La persona natural o jurídica designada por los copropietarios para cumplir las labores de administración del condominio “, no constituyendo esta disposición, por sí sola, una calificación a priori del vínculo existente entre el condominio y el Administrador.

  • Asimismo, el art.22 de la misma ley preceptúa que ” Todo condominio será administrado, con las facultades que disponga el reglamento de copropiedad por la persona natural o jurídica designada por la asamblea de copropietarios,
  • El nombramiento del administrador, en su caso, deberá constar en la respectiva acta de la asamblea en que se adoptó el acuerdo pertinente, reducida a escritura pública,

El administrador, si lo hubiere, no podrá integrar el Comité de Administración y se mantendrá en sus funciones mientras cuente con la confianza de la asamblea, pudiendo ser removido en cualquier momento por acuerdo de la misma,” Se advierte, por lo tanto, lo especial del vínculo, ya que el servicio puede ser prestado por una ‘persona jurídica’, respecto de la cual no es posible entender una vinculación laboral en los términos del artículo 7 del Código del Trabajo.

Se aprecia, además, de las normas citadas, que la ley regula las formalidades pertinentes para el nombramiento y para la ‘remoción del administrador’, donde es posible advertir circunstancias excepcionales que no se condicen con una relación laboral estándar, en cuanto a su constitución y cesación en el cargo.

De modo que las facultades o funciones del Administrador que, según el Reglamento de la Ley de Copropiedad (arts.26 y 27) son, por ejemplo, cuidar los bienes de dominio común; velar por el cumplimiento de medidas de seguridad; cobrar y recaudar los gastos comunes, rendir cuenta, etcétera, desdibujan de manera importante el deber de subordinación típico de una relación laboral.

  • El contrato de prestación de servicios.
  • Generalmente este instrumento es confeccionado por el propio Administrador que lo presenta al Comité de Administración, lo que es aconsejable que así sea, pues ello es una prueba contundente para descartar que se trata de un Contrato de Trabajo, porque en ese instrumento el mismo Administrador trata al condominio como ‘el cliente’ y se suele incluir cláusula que regula una garantía, correspondiente a la Póliza de seguro de responsabilidad civil, suscrita por el propio Administrador.

A ello se pueden sumar las correspondientes boletas de honorarios extendidas por él. Todo ello demostrará que la modalidad de contratación de prestación de servicios fue consentida y propuesta por el propio Administrador, descartando de las funciones todo indicio o huella laboral como de aquellas que contempla el artículo 7 del Código del Trabajo, puesto que su cometido adoptará las características propias de un mandatario.

  1. El Comité de Administración sí puede desvincular al Administrador,
  2. Ello es posible a condición de que la Asamblea de Copropietarios le hubiere delegado dicha facultad, constando tal prerrogativa en el Reglamento Interno de Copropiedad.
  3. Lo referido no resulta estólido y así lo ha señalado nuestro máximo Tribunal.

En recurso de casación se postuló que no procedía la remoción del Administrador, sino que debía (según el recurrente) ser acordada por la Asamblea de Copropietarios y no por el Comité de Administración, conforme lo dispuesto en el art.22 de la Ley 19.537.

Al respecto refirió la Corte Suprema: ” esta Corte no visualiza yerro jurídico alguno, por cuanto, en primer lugar, el artículo 118 del Reglamento Interno del Condominio Punta Diamante dispone, en lo pertinente, que: “() el Administrador se mantendrá en sus funciones mientras cuente con la confianza de la Asamblea de Copropietarios y del Comité de Administración, pudiendo ser removido en cualquier momento por acuerdo de cualquiera de ambas”, siendo esta última hipótesis la que aconteció en la especie “,

Como es fácil advertir la ley no prohíbe que la Asamblea de Copropietarios pueda delegar parte de sus atribuciones en el Comité de Administración, pudiendo hacerlo mediante la aprobación de un Reglamento Interno dictado con ese fin. Sólo de este modo, habrá plena seguridad de que el Comité de Administración tiene la facultad de disponer la remoción del Administrador, sin consulta previa a la Asamblea, reunión de complejas formalidades, que muy rara vez se cumplen; por ejemplo, en lo que concierne a la citación a Asamblea, con el envío de carta certificada al domicilio registrado de cada uno de los copropietarios, el que pudiera corresponder a un lugar distinto al de la ubicación del condominio, formalidad que para nada resulta superflua, generando un caldo de cultivo para alegar la nulidad o la inoponibilidad de la Asambleas.

  1. Modificación del Reglamento Interno de Copropiedad.
  2. Este texto ha de ser el primer instrumento que debe examinar el juez llamado a resolver un litigio, pues en él se fija el marco de derechos y de obligaciones que los copropietarios deben observar.
  3. Es tal la fuerza que tiene el reglamento de copropiedad que, como observa Orrego Acuña, el Juez de Policía Local, inclusive, puede declarar la nulidad del acuerdo adoptado por la asamblea de copropietarios, si lo hubiere infringido,

La naturaleza contractual del reglamento de copropiedad ha sido reconocida por la doctrina, así Figueroa Valdés y, también, su carácter de gravamen, así Sepúlveda Larroucau, cuyo texto reducido a escritura pública, se inscribe en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces para dar cognoscibilidad al público de que el derecho de dominio está limitado.

  1. Si esta ‘ley interna del condominio’ no se encuentra adaptada a las necesidades de la Asamblea se aconseja proceder a su modificación, lo que sólo puede efectuarse en Asamblea extraordinaria, según lo dispone el art.17 inc.5° n° 1 de la Ley n° 19.537.
  2. En esta modificación, sugiero considerar, explícitamente, que la Asamblea de Copropietarios faculta al Comité de Administración para remover al Administrador, sin necesidad de consulta previa a la Asamblea.

Ello se justifica plenamente para una administración eficiente de los condominios, lo que es esencial, porque, como observa Sepúlveda Larroucau, ” ello trae aparejados enormes beneficios para toda la sociedad no solo incide en la calidad de vida de quienes los ocupan y evita la pérdida de valor de las inversiones inmobiliarias, sino que la adecuada conservación de los mismos incide en la calidad y habitabilidad de los barrios y, en definitiva, de las ciudades “,

Finalmente, las decisiones, especialmente los instrumentos en que ellas constan (cartas, contratos, actas, poderes, certificados, etcétera), deben ser redactados o revisados por un Abogado, de preferencia especialista en Derecho Inmobiliario, quién podrá cotejar, revisar o revestirlos de la debida juridicidad, en conformidad a la normativa que la gobierna.

Ello también redunda en que decisiones tan importantes, como la de remover al Administrador, puedan ser adoptadas en cualquier tiempo (sin perjuicio de la vigencia del contrato) y de forma expedita, pues las formalidades de las Asambleas son bastante complejas, especialmente las de naturaleza extraordinaria, que suelen requerir hasta varias semanas de preparación.

Santiago, 23 marzo 2021) Sepúlveda Larroucau, Marco Antonio. El reglamento de copropiedad de la ley N° 19.537, Revista de Derecho Inmobiliario, Año 3/Nº 1/2019, Editorial Metropolitana, pp.9-31, citando a Figueroa Velasco, Patricio. Seminario sobre copropiedad inmobiliaria, p.6. Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de enero de 2015, rol Nº 2.688-14.

Conclusión que emana del Art.1° inc.3°: “El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad”. La Ley N° 19.537 no define ‘reglamento de copropiedad’, pero el art.28° señala sus fines. Expresa que los copropietarios deberán ‘acordar’ un reglamento de copropiedad.

Es una orden de la ley, pero acto seguido alude al consentimiento de los copropietarios. Por ende, es un contrato, cuya celebración ordena la ley. Sepúlveda Larroucau, Marco Antonio. El reglamento de copropiedad de la ley N° 19.537, Revista de Derecho Inmobiliario, Editorial Metropolitana, pp.9-31, Año 3/Nº 1/2019, p.12.

Con todo, discrepo de la aseveración de este prestigioso jurista, pues, considerar ‘sujeto de derecho’ al condominio es confundir el ‘objeto del derecho’ con el ‘sujeto del derecho’, dándose el contrasentido de que una cosa (más bien el derecho de propiedad sobre ella) es un sujeto de derecho cuyos titulares, a su vez, son sujetos de derechos.

  • Corte Suprema, rol Nº 2966-2016, sobre juicio ordinario de cobro de pesos, “A.G., R.B.
  • Con Comunidad Punta de Diamante”, de 11 de Febrero de 2016.
  • Orrego Acuña, Juan Andrés.
  • Ley N° 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria, p.4.
  • Figueroa Valdés, José Manuel.
  • La Copropiedad Inmobiliaria.
  • Nuevo régimen legal, p.279.

El autor define reglamento de copropiedad como “la convención que se dan los copropietarios de los inmuebles sometidos al régimen de copropiedad inmobiliaria, con el objeto de regular el régimen administrativo interno del condominio, y sus relaciones en lo concerniente al disfrute y administración de los bienes de dominio común, y, en especial, precisar sus derechos y obligaciones recíprocas e imponerse las limitaciones que estimen convenientes, y, en general, convenir las reglas que provean al buen régimen interno de los inmuebles”.

¿Quién designa al administrador de un edificio?

El nombramiento del administrador se produce en la asamblea de copropietarios. Debe constar en el acta de la asamblea en que se adoptó el acuerdo y reducirse a escritura pública por la persona autorizada para tal efecto, o por cualquier miembro del comité de administración.